Ciudades Informales en la Ciudad Formal

Ciudad Informal

La ciudad formal organiza el uso, apropiación y gestión del espacio urbano, sea este de carácter público o privado, de conformidad con ciertas normas y reglas. Entre otras, esas normas regulan el derecho de propiedad, el planeamiento de usos, infraestructuras y equipamientos, y los reglamentos y normas necesarios para ordenar la convivencia, la prestación y disfrute de los servicios públicos, y los derechos y deberes de la ciudadanía. La última cuestión presenta en cada ciudad una complejidad específica, pues puede abarcar desde un reglamento para regular el transporte público o utilizar el taxi, las normas de señalización de los comercios e instituciones, o los criterios para utilizar un campo de fútbol o el espacio público.

Muchas ciudades formales contienen una o más ciudades informales, es decir, entornos que se mantienen al margen de las normas y reglas que enmarcan la vida de la ciudad formal. Y es el grado de informalidad y sus características lo que nos puede llevar del espacio irregular al ilegal y de la más absoluta miseria al ejercicio lucrativo de actividades vinculadas a la delincuencia.

La estrategia deficiente, la mala planificación y falta de correspondencia entre la práctica política, la política socioeconómica y los recursos que la parte mas marginal de la ciudadanía puede dedicar al hábitat, así como  la perversa y excluyente actuación de los mercados, conducen a que el grado de informalidad en nuestras ciudades sea demasiado elevado, y lo que es peor, a su incesante crecimiento.

El destino lógico de la parte informal de las ciudades debe ser su formalización, pero ese proceso está plagado de dificultades de tipo económico, sociocultural, jurídico, arquitectónico, y urbanístico. Todo ello sin contar con la poca voluntad política existente para abordar un problema de solución cara y compleja, y que a priori, ofrece un rédito electoral discutible.

Desde el punto de vista económico cuesta integrar a la estructura urbana unos espacios sustentados en relaciones económicas informales, o en el peor de los casos, de carácter abiertamente ilegal y delictivo.

Desde el punto de vista sociocultural hay que abordar el dilema que genera la necesidad de crear y compartir el espacio público propio de la ciudad formal. Con frecuencia es necesario también empoderar al poblador informal con los derechos, deberes, y valores propios de la ciudadanía. Superar la informalidad implica por fin, abordar un cambio cultural con aprendizajes y desaprendizajes más complejos que los que son necesario hacer cuando se trata de la creación de barriadas populares orientadas desde el principio por la formalidad.

La perspectiva jurídica de la formalización es muy compleja, aún en el supuesto de que no se trate de situaciones especialmente ilegales o delictivas. Implantar el derecho de propiedad, dar visibilidad a lo invisible, y ajustarse a un marco de normas homologables, que permitan abrir el espacio informal al entorno formal, requiere de estrategias específicas.

Pero los problemas que genera la formalización del hábitat y su urbanización no son menores. La utilización de materiales adecuados, y la modularización de soluciones constructivas que solucionen carencias en materia de servicios e infraestructuras, el diseño del espacio público y del mobiliario urbano, y buscar solución a los problemas de conectividad y vialidad, son algunos de los temas que la ciudad formal debe confrontar para integrar la informalidad.

El segundo gran ámbito de informalidad urbana tiene que ver con la economía sumergida, y en concreto con la falta de transparencia de las empresas y de la ciudadanía con las haciendas públicas.

A nivel empresarial las grandes fuentes de informalidad se encuentran: En la contratación de trabajadores. En la fiscalidad ligada a la compra y venta, tipo IVA o similar. En la liquidación de tasas o impuestos a los gobiernos locales, regionales o centrales. Los problemas generados por este tipo de informalidades a la ciudad formal son muy graves, ya que genera situaciones de injusticia objetiva ante la necesidad de las empresas de competir en igualdad en los mercados, precariza el mercado de trabajo, y reduce la capacidad recaudadora de las diferentes administraciones.

La ciudadanía que toma parte activa o pasiva en la informalidad económica de la ciudad, lo hace a veces como víctima, en el caso del trabajador contratado en situación irregular, y otras veces como causante de la irregularidad, en el caso de que se trate de personas que incumplen sus obligaciones fiscales, o que eludan el pago de tasas o impuestos municipales. El crear y mantener en la ciudadanía conciencia de la necesidad de contribuir al sostenimiento urbano mediante el puntual cumplimiento de las obligaciones tributarias, va muy ligado al buen gobierno y a la transparencia de las cosas públicas en la ciudad, a la eficacia de los sistemas recaudatorios, y a las acciones de concienciación de la población que hay que desarrollar desde el nivel escolar para hacer y reforzar el necesario cambio cultural.

Firmas Pedroi - BLOG

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